El derecho al olvido y a la eliminación de datos perjudiciales de los historiales y registros en línea nos cuestiona qué debe pesar más: ¿El derecho a ser olvidado o el derecho a saber? ¿Protección de datos, privacidad o libertad?
¿Qué es el derecho al olvido en Internet?
En el contexto de Internet, el derecho al olvido refiere a la posibilidad de borrar ciertos contenidos de la faz virtual, a pedido del usuario. Es el derecho a solicitar que ciertos datos personales desaparezcan de los registros en línea.
Conocido en inglés como ‘Right to be Forgotten‘ (derecho a ser olvidado) o ‘Right to Erasure‘ (derecho a borrar), se trata de la capacidad de solicitar la eliminación y desindexación de aquello que atenta contra uno.
Así suena lindo, pero se trata de un principio con una naturaleza controvertida e imprecisa, capaz de recompensar a unos, violar los derechos de muchos e injustamente beneficiar a otros.
En ocasiones, el concepto es invocado para la protección de la privacidad e información de personas, habilitando la eliminación de datos inexactos, difamatorios o irrelevantes, siendo una expresión del derecho de cada uno de controlar sus datos.
Pero al mismo tiempo, la aplicación de este derecho enciende la alarma cuando pone en jaque a la libertad de expresión.
Esfuerzos recientes de establecer el derecho al olvido en Internet a nivel legal
Uruguay
Entre los más de 300 artículos que componen la Ley de Urgente Consideración uruguaya, hay una disposición que trata, en particular, sobre el derecho al olvido.
En caso de aprobarse, una persona podría solicitar a los motores de búsqueda la desindexación y eliminación de publicaciones, “a simple solicitud”, incluso si son publicados por terceros.
Si bien el derecho al olvido supone una pieza clave de la protección de datos, la EFF (Electronic Frontier Foundation), organización sin fines de lucro referente en la defensa de los derechos en línea, alerta que…
“… no debe ser un atajo para silenciar el discurso legítimo […] El gobierno de Uruguay no debe presumir que implementar un llamado derecho al olvido es simple, y abandonar el intento de una adopción apresurada de una ley ambigua y arriesgada”.
EFF
Además, la EFF destaca que las violaciones a la imagen, privacidad y honor ya están contempladas en el marco normativo vigente.
El artículo 214, inciso G del LUC, abreviatura del proyecto de Ley de Urgente Consideración presentado por el nuevo gobierno uruguayo, dispone:
“Derecho al olvido en búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron, el tiempo transcurrido, la naturaleza y el interés público. Asimismo, toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que le conciernan, que hubiesen sido facilitados por él o por terceros, para su publicación por servicios de redes sociales y servicios equivalentes.”
Fragmento de la Ley de Urgente Consideración
Preocupados por las consecuencias de este inciso, más de 10 colectivos que trabajan por los derechos digitales en América Latina firmaron una petición a fines de enero de 2020, solicitando la eliminación del artículo 214 y la apertura del debate público sobre el derecho al olvido.
Access Now, una de las organizaciones que firmaron la petición, cuestionó que este polémico derecho puede derivar en “un uso abusivo que afecte gravemente a la libertad de expresión”, sin establecer mecanismos de protección para garantizarla.
Perú
Ojo Público, sitio de periodismo de investigación peruano, reveló en febrero de 2019 que una serie de denuncias ante las autoridades administrativas y judiciales, cobijadas bajo la Ley de Protección de Datos Personales, se habían usado para censurar sitios web que informaban sobre la corrupción y crimen organizado.
Los reclamos provinieron de hombres del crimen organizado, un ex presidente de la Corte Suprema y un ex ministro de Estado.
México
En 2015, el INAI (Instituto Nacional para el Acceso a la Información) aceptó el reclamo del empresario mexicano Carlos Sánchez de la Peña contra Google México, logrando la eliminación de tres enlaces de los resultados de búsqueda.
Entre ellos, se desindexó información publicada en la revista Fortuna, donde se hacía referencia a rarezas en sus operaciones y a recompensas sospechosas que su empresa había obtenido del gobierno de México.
Colombia
Ese mismo año, la Corte Constitucional de Colombia rechazó el pedido de desindexación de una ciudadana colombiana, que inició una acción legal contra el medio El Tiempo, por considerar que sus derechos fueron violados tras la publicación de un artículo donde se la asociaba a un presunto delito.
Pero la Justicia colombiana consideró que ordenar la desindexación del contenido transformaría al motor de búsqueda en un censor, afectando los pilares de Internet basados en la “igualdad de acceso, no discriminación y pluralismo”.
El tribunal solo ordenó a El Tiempo la actualización de la información, así como el uso de robots.txt y metatags para evitar que el motor de búsqueda indexe el contenido, “lo que genera preocupaciones igualmente complejas sobre la libertad de expresión“, advierte la EEF.
Argentina
Argentina legisló la posibilidad de excluir el contenido perjudicial y vergonzoso de Internet en 2006.
En 2014, el órgano máximo del Poder Judicial argentino no hizo lugar al pedido de una mujer que reclamó por daños y prejuicios contra Google y Yahoo Argentina, por el uso no autorizado de su imagen, asociada a material erótico que circulaba en Internet.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó esta solicitud por violación de derechos, al considerar que los motores de búsqueda no tenían por qué hacer un monitoreo específico y activo cuando era contenido en línea de terceros.
Europa – El derecho al olvido a través del GDPR
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, más conocido como GDPR, así como un proyecto de Ley de Protección de Datos del Reino Unido, consagran el derecho a ser olvidado.
Sin embargo, el GDPR de la UE no ordena a Google y otros motores a eliminar los resultados de búsqueda a nivel global.
Establecido en 2014, el GDPR permite exigir, bajo ciertas condiciones, que los motores de búsqueda no muestren resultados asociados con datos personales, siempre y cuando los derechos de privacidad puedan anteponerse al interés del público.
Pero el asunto es harto complejo y delicado, ya que la facultad de un país para obligar a un motor de búsqueda a eliminar ciertos resultados a nivel global corrompe el derecho de otros usuarios de otros lugares para que puedan acceder a la información.
Esto podría atentar contra leyes locales y directamente afectar derechos básicos del usuario. Además, algo ilegal en un sitio del mundo podría no serlo en otro lado del mundo.
Peter Fleischer, abogado responsable del cumplimiento de la privacidad de Google a nivel legal, criticó en 2015 que el derecho al olvido establecido en Europa no debería imponerse como una norma mundial:
“Creemos que ningún país debería tener la autoridad para controlar a qué contenido puede acceder alguien en un segundo país”.
En setiembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que el derecho a ser olvidado no exige una exclusión de resultados a nivel mundial, ya que esto colisionaría con los derechos de usuarios de otras regiones.
Los reguladores de protección de datos de cada estado de la UE solo pueden solicitar la eliminación de dominios asociados con estados miembros del bloque europeo, pero tras consultar con sus pares de otros estados.
El marco legal de la Unión Europea permite a sus ciudadanos solicitar el borrado de datos y la exclusión de enlaces de los resultados de búsqueda en determinados casos, pero aclaran:
“… este no es un derecho absoluto. Si lo fuera, los críticos que argumentan que el derecho al olvido no es más que una reescritura de la historia sería correcto. Por lo tanto, el GDPR camina una línea muy fina en el borrado de datos”.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, un tribunal alemán resolvió que el nombre de una persona ya sentenciada a cadena perpetua por asesinar a dos personas debía ser eliminada de los resultados de búsqueda.
Algo similar ocurrió en 2014, cuando se obligó a Google a borrar los enlaces a páginas que contenían datos falsos o dañinos sobre Mario Costeja González, quien demandó a Google España y Google Inc. por seguir mostrando información sobre sus deudas canceladas hace ya una década.
Otra cuestión compleja. Si uno ya cumplió su condena, ¿entonces puede erradicar su pasado de Internet?
¿No sería esto casi equivalente a si, hace 30 años, se prohibía archivar diarios y documentos?
No poder saber qué hizo alguien ayer solo porque hoy está limpio a ojos de la justicia es, al menos, cuestionable.
La memoria forma parte inseparable de la historia de un pueblo.
La doble cara: derecho legítimo y mordaza
Una de las críticas que recibe el derecho al olvido en Internet radica en que resulta muy difícil equilibrar los diferentes escenarios.
Por un lado, el derecho de una persona a limpiar su reputación y la protección legítima de los datos personales. Esto parece sensato, un reclamo válido.
En el otro extremo, el riesgo de un uso abusivo de este derecho para ocultar el pasado y reescribir la historia con la voz de una única campana.
Pero además, la aplicación de este derecho por mandato legal puede peligrar la libertad de acceso a la información. Acá está lo más complicado del asunto.
Debido a su amplitud, ciertos derechos consagrados por ley podrían ser peligrosos en la práctica, beneficiando a más partes de la cuenta.
Porque una cosa es el derecho al olvido de quien fue víctima de difamaciones e inventos en su contra, por razones de respeto, prestigio y cuidado del honor.
Otra es conceder este derecho para saciar el interés y conveniencia de focos poderosos, traicionando a la verdad.
Además de otorgar un beneficio justo a personas inocentes, al mismo tiempo podría abrir una oportunidad para que culpables silencien su pasado y celebridades bastardeen el derecho borrando historiales levemente inconvenientes.
Suena legítimo que uno pueda hacer desaparecer las mentiras e imprecisiones que circulan en el mundo virtual.
Sin embargo, otras circunstancias no deberían olvidarse, ¿o sí?
¿Los dictadores de la historia reciente de América del Sur merecen tal derecho? ¿Los estafadores? ¿Los delincuentes con mayúscula?
Tampoco otros responsables y protagonistas de historias negras, que deben ser contadas y estar disponibles para todos, sin importar si ocurrió hace 5, 10 o 500 años.
El derecho de todos los usuarios a informarse, conocer y saber no debería quedar desplazado por la imposición de otro derecho y por el pedido de solo una parte.
Como puede imaginarse, el derecho al olvido puede chocar con la libertad de expresión en línea y servir como un instrumento de censura encubierto en forma legal.
Para la Electronic Frontier Foundation, el derecho al olvido es una figura espinosa y ambigua, que conlleva…
“… peligros para la libertad de expresión, incluidos los peligros de ocultar hechos de nuestro registro histórico en línea, y de conceder a las personas un derecho general a controlar la forma en que se llevan a cabo las conversaciones sobre ellos en línea”.
EFF
Ver: ¿Cómo evitar la censura en Internet?
Fuentes para ampliar:
EFF – ‘Uruguay Steps Too Quickly into the Right to be Forgotten Quagmire’ — ‘European Court’s Decision in Right To Be Forgotten Case is a Win for Free Speech’
Netwrix – ‘The Right to be Forgotten: EU laws and U.S. Concerns’
